Avión en vuelo | Foto de 123RF/albertoclemares
La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia (AGCM) ha abierto un procedimiento sancionador contra la aerolínea por no facilitar al regulador documentación y que se le solicitó en el marco de una investigación por presunto abuso de mercado. La compañía irlandesa se enfrenta a una posible multa de hasta el 1% de su facturación global.
El procedimiento abierto por el regulador italiano acusa a Ryanair de haber facilitado “información inexacta, incompleta o engañosa” desde que comenzó la investigación en octubre de 2023. La apertura del expediente se produce tras una investigación en su sede de Dublín, realizada en marzo de 2024 por autoridades italianas e irlandesas, en la que se incautaron documentos que podrían demostrar que la compañía ocultó presuntamente información relevante. La apertura del expediente tiene lugar tras el intento de Ryanair de impugnar la validez de dicha investigación ante tribunales irlandeses.
El núcleo de la investigación de Antimonopolio y del presunto engaño de Ryanair se centra en la ofensiva de la aerolínea contra las agencias de viajes online. Fuentes del sector apuntan a presiones ejercidas para forzar acuerdos de distribución, y denuncian una campaña destinada a los intermediarios para que aceptaran sus condiciones. La AGCM ha señalado que la compañía habría difundido presuntamente mensajes destinados a desalentar el uso de estas plataformas por parte de los consumidores, y ha llegado a acusarla de propagar “información” con ese fin.
En España, Ryanair tiene requerimientos judiciales vinculados a agencias como Rumbo, Atrápalo o eDreams. En este último caso, la negativa de la aerolínea a cumplir resoluciones judiciales conllevó un apercibimiento.
Uno de los elementos clave de esta estrategia es el programa de “Agencias aprobadas” con el que Ryanair firmó acuerdos con una selección de intermediarios mientras mantenía una presunta campaña contra el resto. Al menos 12 agencias firmaron acuerdos durante 2024. La aerolínea afirmó que estas agencias operarían con transparencia y que no cobrarían por intermediar en la venta de billetes.
Algunos análisis independientes han detectado que las agencias “aprobadas” podrían añadir cargos de intermediación.
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