El coeficiente 1×1 favorece a los mayores de 52 años en la conversión de pensiones

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el jueves la denominada ‘pasarela al RETA’, una reforma que permitirá a los profesionales integrados en mutualidades alternativas al Régimen de Autónomos trasladar sus aportaciones al sistema público de la Seguridad Social.

La medida llega a su fase decisiva tras meses de tramitación parlamentaria y con interrogantes abiertos sobre sus efectos en la igualdad entre cotizantes y el equilibrio del sistema, según están denunciando profesionales de distintos ámbitos en las redes sociales.

La norma establece distintos mecanismos para convertir las aportaciones realizadas en las mutualidades en derechos de pensión del sistema público. Con carácter general se aplicará un coeficiente de mejora del 0,77 sobre el fondo ahorrado, pero los mayores de 52 años se acogerán a la fórmula más generosa del 1×1, que computa cada periodo cotizado en la mutualidad como un periodo equivalente en el RETA independientemente de los fondos. Este diseño implica que, en la práctica, coexistirán distintas formas de acceso a prestaciones equivalentes dentro del mismo sistema público, con distintos niveles de exigencia entre los autónomos que han cotizado siempre en el RETA, los mutualistas jóvenes y los mutualistas de mayor edad.

En contraste, un trabajador que haya cotizado de forma continua en el RETA habrá generado sus derechos de pensión exclusivamente en función de sus bases de cotización y del esfuerzo contributivo sostenido a lo largo del tiempo, sin la aplicación de coeficientes de conversión ni mecanismos de equivalencia. Esto pone de manifiesto una diferencia relevante: mientras que los mutualistas de mayor edad pueden alcanzar prestaciones equiparables mediante la regla del 1×1, incluso con trayectorias de aportación distintas, los autónomos del RETA ven directamente ligada su pensión a lo efectivamente cotizado, lo que introduce una disparidad en términos de equidad contributiva dentro del propio sistema público.

A estas cuestiones se suman las dudas sobre el coste de la medida. Aunque durante su tramitación algunas enmiendas fueron rechazadas por su impacto económico, lo cierto es que el diseño de la reforma evidencia una orientación dirigida principalmente a dar cobertura a situaciones de infracotización cercanas a la jubilación, excluyendo expresamente a quienes ya son pensionistas. Este enfoque puede propiciar que el traslado al RETA se concentre en perfiles de mayor edad, con carreras de cotización incompletas y escaso margen temporal para realizar aportaciones al sistema público, lo que podría generar tensiones en términos de sostenibilidad y de reparto de cargas entre cotizantes.

En este contexto, organizaciones de autónomos han insistido en la necesidad de que la integración de mutualistas se realice con criterios de neutralidad financiera y sin generar desequilibrios en el sistema.

El alcance potencial de la medida también ha centrado parte del debate. Las estimaciones manejadas durante la tramitación apuntan a que cerca de 100.000 mutualistas de siete profesiones podrían acogerse a la pasarela, aunque el número final dependerá de las condiciones definitivas y de los perfiles que opten por incorporarse al RETA.

Con su paso por el Pleno, la pasarela al RETA afronta un momento clave antes de continuar su tramitación en el Senado. El resultado del debate determinará el alcance definitivo de una reforma que busca integrar a los mutualistas en el sistema público, pero cuyo diseño introduce diferencias en las condiciones de acceso y en el reconocimiento de derechos entre distintos colectivos de trabajadores por cuenta propia.