Metodo 3 advierte de que el fraude en las bajas laborales debe probarse

La agencia de inteligencia e investigación Metodo 3, liderada por el detective privado y doctor en Derecho Francisco Marco, propone implantar un sistema de verificación selectiva de las bajas laborales, similar al modelo de alertas de la Agencia Tributaria, como alternativa al recorte de los complementos salariales que perciben los trabajadores en situación de incapacidad temporal.

Así se recoge en un informe de la firma que analiza el coste de la incapacidad temporal en España y que advierte contra la confusión de “tres realidades diferentes: la enfermedad, el absentismo y el fraude”. Según el estudio, cada día 1,6 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo en España, de las que 1,24 millones cuentan con una baja prescrita por un médico.

El gasto público en incapacidad temporal alcanzó los 18.413 millones de euros en 2025, unos 50 millones al día, lo que la convierte en la segunda partida de la Seguridad Social tras las pensiones. Sumado el coste que soportan las empresas, unos 17.000 millones según la CEOE, la factura total ronda los 33.000 millones, en torno al 2% del PIB. España encabeza además el absentismo por enfermedad en la Unión Europea, con un 4,5% de ocupados de baja frente al 2,5% de media comunitaria.

El informe atribuye el aumento del gasto a tres factores ajenos a la simulación: el crecimiento del empleo y de los salarios, sobre los que se calcula la prestación; las listas de espera sanitarias, con más de 850.000 personas pendientes de una operación y demoras medias de 121 días; y el auge de las bajas por salud mental, que han crecido un 66% desde 2018 y duran dos veces y media más que la media.

SIN CIFRA OFICIAL DE FRAUDE

El estudio subraya que el fraude es “la única magnitud de la que no existe cifra oficial”, aunque aporta indicios de su alcance: los asalariados se dan de baja cuatro veces más que los autónomos, que no cobran hasta el cuarto día, y las mutuas colaboradoras invirtieron en 2024 unos cuatro millones de euros en investigación privada con los que recuperaron más de 41 millones en prestaciones indebidas, una rentabilidad de diez euros por cada euro invertido.

“El fraude existe; simplemente no es la explicación mayoritaria del gasto, y quien lo cifra en la mitad de la factura está estimando sin datos”, señala Marco, quien recuerda que la investigación de bajas fraudulentas supone en torno al 80% de los encargos del sector del detective privado en España.

Frente a la supresión de los complementos pactados en convenio, el informe alerta de un “problema de focalización”: “Se castiga al 95% para disuadir a una fracción que nadie ha medido”. Como alternativa, propone el sistema de duraciones óptimas por patología planteado por la Autoridad Fiscal, con alertas automáticas que concentren la inspección médica donde los datos señalen anomalías.

Según la firma, en las empresas donde aplica estos sistemas de verificación, que combinan análisis de datos e investigación selectiva, el absentismo cae en torno a un 18% “sin tocar un euro de la prestación de nadie”. “Una prestación robusta para quien está enfermo y tolerancia cero con quien simula no son objetivos en tensión: son la misma política”, concluye Marco.