El Instituto Coordenadas advierte de que los controles interiores erosionan el espacio Schengen

El Instituto Coordenadas reclama un respaldo “sin reservas” a Schengen aunque diez países mantienen controles interiores

• Sitúa entre 5.000 y 18.000 millones de euros anuales el coste de la fragmentación y reclama un plazo de veinticuatro meses para restablecer la plena libre circulación

El Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada reclamó este martes un respaldo “sin reservas” al espacio Schengen y advirtió de que diez de los veintinueve Estados integrantes mantienen controles reintroducidos en sus fronteras interiores.

Así lo plasma en un informe especial titulado ‘Schengen no se defiende cerrándolo’, que sostiene que la amenaza sobre el espacio de libre circulación no procede hoy de su frontera exterior, sino de la erosión progresiva de su interior.

Recuerda que el pasado 2 de junio la Comisión Europea emitió dictámenes sobre los controles notificados por Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Eslovenia y Suecia, e instó a su levantamiento gradual. El Código de Fronteras Schengen obliga a la Comisión a pronunciarse cuando esos controles superan los doce meses por el mismo motivo.

Según el Instituto, el problema no es la existencia de esos controles, plenamente prevista por la norma, sino su permanencia: instrumentos concebidos como excepción se han convertido en parte del paisaje ordinario de la movilidad europea mediante sucesivas prórrogas que reproducen los mismos motivos año tras año.

El informe cifra el coste económico de la fragmentación a partir de estudios encargados por el Parlamento Europeo, que lo sitúan entre 5.000 y 18.000 millones de euros anuales, elevan a 51.000 millones el impacto de una interrupción de dos años y estiman que una Europa sin Schengen supondría una caída del 0,14% del PIB de la Unión, unos 230.000 millones al año.

Frente a ese diagnóstico, el trabajo sostiene que la frontera exterior común “sí está funcionando” y aporta datos. El Sistema de Entradas y Salidas alcanzó plena operatividad el 10 de abril de 2026, registró más de 60 millones de entradas y salidas de nacionales de terceros países en sus seis primeros meses y permitió denegar la entrada a 32.000 personas. Frontex, por su parte, ha pasado de 460 millones de euros de presupuesto en 2020 a una media anual próxima a los 900 millones, con un cuerpo permanente previsto de 10.000 efectivos en 2027.

“NO FALTA CAPACIDAD, FALTA CONFIANZA”

El vicepresidente ejecutivo del Instituto, Jesús Sánchez Lámbas, afirmó que “ningún espacio de libertad se defiende suprimiéndolo” y sostuvo que cada control interior prorrogado indefinidamente “no refuerza la seguridad europea: erosiona el activo que dice proteger”.

Sánchez Lámbas reclamó un acuerdo institucional con un plazo máximo de veinticuatro meses para restablecer la plena vigencia de la libre circulación interior, acompañado de un refuerzo verificable de la frontera exterior común.

El informe dedica un apartado específico a la convergencia institucional registrada en torno a la frontera del Estrecho y destaca la tribuna publicada por Lahcen Haddad, presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Marruecos, vicepresidente de la Cámara de Consejeros del Parlamento marroquí y exministro, a la que califica como “la lectura más rigurosa formulada hasta la fecha” sobre la crisis de Ceuta.

El Instituto subraya que Haddad rechazó por igual la narrativa de una operación híbrida deliberada y la de una conspiración geopolítica con participación de terceros Estados, y que su conclusión de fondo —que las presiones migratorias son estructurales y no episódicas— coincide con la tesis central del informe. “El mayor argumento contra el cierre de Schengen no lo ha formulado esta semana un Estado miembro, sino un dirigente parlamentario de la orilla sur”, señala el documento.

El trabajo propone diez medidas, entre ellas una evaluación de impacto obligatoria y publicada para todo control interior que supere los doce meses, una cláusula que impida a un Estado suspender la libre circulación respecto de otro sin dictamen previo de la Comisión, y un pacto de Estado español sobre fronteras exteriores.