Alemania pide un mayor poder de decisión para los Estados miembros en la futura certificación europea de ciberseguridad

Alemania quiere reforzar la capacidad de decisión de los Estados miembros en el futuro marco europeo de certificación de ciberseguridad incluido en la reforma de la Cybersecurity Act (CSA2) propuesta por la Comisión Europea.

El Ejecutivo alemán reclama que los gobiernos nacionales participen más estrechamente en la evolución de los objetivos de seguridad a medida que evolucionan las tecnologías y las ciberamenazas.

La propuesta figura en un documento de debate al que ha tenido acceso MLex, agencia de información especializada en análisis sobre riesgo regulatorio, derecho de la competencia y cumplimiento normativo.

“Dado que gran parte de los conocimientos especializados en este ámbito reside en los Estados miembros y que los objetivos de seguridad afectan a la seguridad nacional, creemos que estos deberían participar estrechamente en el proceso”, recoge el documento.

En concreto, Alemania propone que la Comisión Europea utilice actos de ejecución en lugar de actos delegados para modificar estos objetivos de seguridad. La diferencia radica en que los primeros garantizan una participación formal de los Estados miembros antes de adoptar una medida, mientras que los segundos conceden a la Comisión un mayor margen de discrecionalidad.

Alemania también reclama una mayor alineación de la CSA2 con las normas europeas vigentes sobre productos, conocidas como Nuevo Marco Legislativo. Estas establecen un marco común para la certificación de los productos en todo el bloque, en lugar de introducir procedimientos separados de certificación y vigilancia del mercado. Asimismo, propone integrar en el marco actual la certificación de los profesionales de la ciberseguridad.

La posición alemana se enmarca, además, en una demanda más amplia entre las capitales europeas. Ya en abril, otra información de MLex, basada en comentarios nacionales de 20 Estados miembros, señalaba que varios países reclamaban una reforma integral del marco de ciberseguridad del bloque para incluir un mayor control nacional y una gobernanza más clara.

Un amplio grupo, entre ellos España, Eslovaquia y Bélgica, defendió reforzar el control de los Estados sobre los procedimientos.

Más allá de la dimensión institucional, el debate regulatorio tiene también un importante componente económico. Este es uno de los puntos más polémicos de la propuesta de revisión de la Ley de Ciberseguridad, la iniciativa contempla la retirada progresiva, en un plazo de tres años, de determinados equipos de proveedores considerados de alto riesgo.

Un reciente análisis de GSMA Intelligence, la división de análisis e investigación de la GSMA (Global System for Mobile Communications Association), estima que la retirada y sustitución de equipos procedentes de proveedores calificados de alto riesgo supondría para las telecos europeas un coste directo de entre 30.000 y 40.000 millones de euros, además de posibles efectos sobre la competencia, los precios y la inversión.

España ha participado también en la negociación de la CSA2, después de someter la propuesta europea a consulta pública. Desde entonces, el debate ha avanzado en el Consejo de la Unión Europea, donde los Estados miembros han respaldado en términos generales la simplificación del marco de certificación y han reclamado mantener una fuerte participación nacional durante todo el proceso.

La iniciativa de Alemania sitúa así en el centro de la negociación europea el equilibrio entre una certificación común para toda la UE y la capacidad de los Estados miembros para intervenir en decisiones que pueden afectar directamente a su seguridad nacional.