El acceso abierto a infraestructuras debe ser compatible con la inversión y la modernización

Expertos defienden que el acceso a infraestructuras civiles refleje los costes reales para sostener la inversión en redes

El debate sobre la regulación de infraestructuras civiles en telecomunicaciones ha puesto el foco en la necesidad de que las condiciones de acceso reflejen la evolución de los costes reales, con el fin de no desincentivar la inversión en redes digitales, su mantenimiento y su modernización.

La cuestión ha cobrado actualidad después de que la CNMC abriera el pasado 30 de junio una consulta pública sobre la segunda oferta de compromisos presentada por Telefónica en relación con el mercado mayorista de acceso a la infraestructura física. La propuesta revisada prevé una vigencia de cinco años, prorrogable por uno adicional, mantiene los plazos de provisión y resolución de incidencias de la oferta MARCo vigente, conserva el Procedimiento de Gestión de Operadores e incorpora una senda de actualización de cuotas recurrentes.

El debate no cuestiona el principio de acceso abierto a conductos, arquetas, postes, canalizaciones y centrales, sino cómo garantizar que ese acceso siga siendo viable en un mercado de fibra ya maduro, donde las necesidades de mantenimiento, modernización y nueva inversión son distintas a las de la fase inicial de despliegue.

El Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha defendido que la revisión de MARCo debe analizarse como una “cuestión estratégica” para garantizar la inversión futura en redes, preservar el liderazgo español en conectividad y asegurar que el acceso a las infraestructuras civiles se produzca bajo condiciones económicamente sostenibles y accesibles.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Coordenadas, señaló que “la propuesta sometida a consulta apunta en la dirección correcta: mantener el acceso, preservar la competencia y avanzar hacia unas condiciones económicas más alineadas con la realidad de los costes y con la necesidad de seguir invirtiendo en redes”.

Para el Instituto, la propuesta permite desplazar el debate desde una lectura puramente tarifaria hacia una reflexión más amplia sobre la sostenibilidad de las infraestructuras digitales. En su análisis, la actualización ordenada de condiciones económicas bajo supervisión regulatoria no equivale a cerrar infraestructuras a terceros, sino a evitar que el acceso deteriore los incentivos de quienes construyen, mantienen, amplían y gestionan esos activos.

Este enfoque coincide con el debate europeo sobre conectividad. La Comisión Europea presentó en enero el Digital Networks Act para modernizar, simplificar y armonizar las normas de conectividad, al considerar que las reglas actuales deben actualizarse para crear condiciones que permitan invertir en redes avanzadas de fibra y móvil. Bruselas vincula estas infraestructuras de alta capacidad con tecnologías como la inteligencia artificial y el cloud, y las considera base de la competitividad europea.

DIGITALEUROPE también ha defendido que la ambición europea de liderar en conectividad está condicionada por un marco regulatorio que “ya no encaja con las realidades de la infraestructura digital actual”. La asociación reclama avanzar hacia un modelo más simplificado, armonizado y centrado en la inversión, así como hacia una regulación de acceso más proporcionada y adaptada a la realidad de los mercados.

El FTTH Council Europe sostiene, por su parte, que la fibra es esencial para la transformación digital europea y que el marco regulatorio debe incentivar la inversión y fomentar una competencia efectiva. La asociación defiende que los remedios de acceso se adapten a las realidades nacionales y de mercado, preservando un entorno estable y previsible para los inversores.