El 97% de los españoles cree que el Gobierno no respondió adecuadamente a la crisis de Ceuta

La respuesta del Gobierno ante la crisis que atraviesa Ceuta desde finales de julio recibe una valoración negativa por parte de la mayoría de los ciudadanos, ya que el 97% de los españoles considera que la actuación del Ejecutivo fue claramente insuficiente para la magnitud de la situación, según una encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores (AEC) para conocer la percepción de la ciudadanía sobre el impacto de lo ocurrido, la respuesta de las administraciones y las medidas que deberían adoptarse ante situaciones similares.

Los resultados de la encuesta muestran, además, una valoración crítica de la gestión en su conjunto: el 97% la califica como negativa o muy negativa, siendo un 76% quienes la consideran “muy negativa”. A esta percepción se suma la idea de que existía margen para una mayor anticipación: otro 97% considera que había señales suficientes para actuar con mayor antelación y adoptar más medidas preventivas.

La encuesta recoge tanto la visión del conjunto de España como la de residentes en Ceuta y Melilla, que representan el 15% de las respuestas, permitiendo incorporar también la perspectiva de ciudadanos vinculados directamente a las dos ciudades autónomas.

“Los resultados muestran una percepción muy clara de que la respuesta no estuvo a la altura de una situación que alteró de forma extraordinaria el funcionamiento habitual de una ciudad española. Pero también reflejan algo especialmente relevante: los ciudadanos consideran que había margen para anticiparse y adoptar medidas que permitieran estar mejor preparados ante un escenario de estas características”, señaló Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores (AEC).

Más allá de la valoración de la gestión política, la encuesta de AEC ha querido analizar cómo perciben los españoles las consecuencias de una situación de estas características cuando se trasladan a la realidad cotidiana de ciudadanos, familias, trabajadores, consumidores y comerciantes.

Al preguntar qué ocurriría si una situación excepcional capaz de alterar repentinamente el funcionamiento habitual de una ciudad se produjera en el lugar en el que viven, el 99% asegura que estaría muy preocupado por sus posibles consecuencias sobre los servicios públicos, los comercios y su vida cotidiana.

Esta percepción se traslada también a la realidad de quienes viven y trabajan en Ceuta. El 96% considera que una crisis de estas características puede tener un impacto muy grave, capaz de alterar de forma importante su día a día y la actividad económica de la ciudad.

Ante la hipótesis de residir junto a su familia en Ceuta durante una crisis similar, existe también una expectativa muy clara sobre el papel que debería desempeñar el Ejecutivo: el 91% esperaría prioritariamente una actuación inmediata del Gobierno de España para recuperar la normalidad y garantizar el funcionamiento de la ciudad.

“Cuando trasladamos esta realidad al entorno más cercano, la preocupación es prácticamente unánime. Hablamos de cómo una situación excepcional puede afectar a cuestiones tan cotidianas como acudir a los servicios públicos, abrir un comercio, ir a trabajar o desarrollar con normalidad la vida familiar. Ceuta no puede percibirse como una realidad lejana: detrás de esta crisis hay ciudadanos y consumidores cuya vida diaria se ha visto directamente afectada”, añade Miguel Ángel Ruiz.

PREVENCÍÓN Y CONTROL

La encuesta aborda también las responsabilidades que los ciudadanos atribuyen al origen de una entrada masiva de estas características. El 50% señala a los gobiernos de España y Marruecos en una medida similar. Entre quienes atribuyen la responsabilidad principalmente a uno de los dos Ejecutivos, el 30% apunta al Gobierno de España y el 15% al Gobierno de Marruecos.

De cara al futuro, existe una prioridad claramente destacada sobre el resto. El 80% considera que el Gobierno de España debería reforzar la prevención y el control de las fronteras ante la posibilidad de una nueva crisis similar. Como segunda medida, aunque a considerable distancia, el 15% apuesta por mejorar y agilizar los procedimientos legales aplicables a las entradas irregulares.

La valoración de lo ocurrido tiene también consecuencias sobre las expectativas de futuro. Teniendo en cuenta tanto crisis anteriores como la registrada recientemente, el 92% afirma no tener ninguna confianza en la capacidad del actual Gobierno de España para gestionar adecuadamente una nueva situación de estas características. Otro 6% asegura tener poca confianza.

La opinión sobre el papel desempeñado específicamente por el presidente del Gobierno resulta igualmente contundente: el 97% considera que la actuación y el liderazgo de Pedro Sánchez durante la crisis de Ceuta fueron claramente inadecuados.

Esta valoración se traduce finalmente en la exigencia de responsabilidades políticas. El 93% de los encuestados considera que Pedro Sánchez debería dimitir como presidente del Gobierno. En concreto, un 73% reclama tanto su dimisión como la de los principales responsables de su Gobierno implicados en la gestión, mientras que un 20% considera que debería dimitir el presidente. A ellos se suma otro 4% que, aunque no reclama la salida de Sánchez, sí considera que deberían dimitir los responsables del Gobierno directamente implicados. En conjunto, por tanto, el 97% reclama la dimisión de algún responsable político por lo ocurrido.

Para la Asociación Española de Consumidores, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de extraer conclusiones de lo ocurrido y avanzar en mecanismos que permitan anticipar situaciones excepcionales, proteger el normal funcionamiento de los servicios y de la actividad económica y ofrecer una respuesta rápida a los ciudadanos cuando acontecimientos de esta magnitud alteren su vida cotidiana.