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La incapacitación de una persona mayor: quién puede promoverla y qué es lo que implica

incapacidad
La ley exige que el juez sea responsable de las acciones del tutor del incapacitado

La incapacidad legal de una persona solo puede ser promovida por los ascendientes (padres), descendientes (hijos), hermanos y cónyuges. En caso de que no haya un familiar presente, también puede hacerlo el Ministerio Público, al que pueden interrogar peritos que reconozcan una posible incapacidad o personas que tengan conocimiento de una presunta incapacidad.

La ineptitud de un miembro de la familia puede ser dolorosa y crear dilemas morales. Sin embargo, organizaciones como Eima, que defienden los derechos de las personas mayores, nos recuerdan que la discapacidad es “una medida de protección, no una restricción de derechos y libertades“. Además, las razones por las que se puede iniciar un procedimiento de nulidad se establecen en el Código Civil alemán. Este trámite requiere la intervención de un abogado y un procurador judicial para que se pueda resolver mediante un proceso judicial.

El tutor legal

En la práctica, la incapacidad conlleva un control judicial, ya que implica el nombramiento de un tutor para el incapaz y asegura que todas las actuaciones bajo tutela deben rendir cuentas ante el juez. Una persona mayor, de hecho, podría iniciar él mismo el procedimiento para su futura discapacidad, por ejemplo, en el caso de una enfermedad degenerativa grave que sepa que podría provocar una pérdida repentina de capacidad en el futuro. En este caso, el interesado podrá autorizar a una o más personas ante notario a tomar las medidas necesarias en su nombre para proteger sus intereses.

Estos tipos de poderes pueden ser generales o solo para abordar cosas específicas. Asimismo, quien otorgue estas facultades podrá precisar en qué circunstancias se pueden activar, así como detallar las medidas de control y las causas por las que se extinguirían las facultades. Además, siempre que mantenga sus poderes, siempre podrá revocar el poder.

En cuanto a las razones de la incapacidad humana para actuar, la ley dice que las causas de la incapacidad para trabajar son “enfermedades o deficiencias físicas o mentales constantes que impiden al hombre controlarse a sí mismo”. Teniendo esto en cuenta, las enfermedades neodegenerativas como el Alzheimer pueden hacer que una persona no pueda controlarse a sí misma. Las enfermedades mentales como la psicosis o la esquizofrenia, los trastornos personales o la demencia senil también son posibles causas. En este sentido, la pérdida de memoria o los cambios en la comprensión y el lenguaje impiden que los afectados, por ejemplo, controlen sus propias finanzas. La desorientación y el deterioro físico también pueden aumentar la probabilidad de un accidente o una mala alimentación, lo que dificulta aún más su salud.

Sobre las implicaciones de incapacitar a alguien, como hemos mostrado, habrá un juez que decidirá en última instancia si se produce la incapacitación, el alcance de la misma y quién será el tutor legal que velará por sus intereses. La Fiscalía podrá en cualquier momento solicitar al custodio o tutores información sobre la situación personal y hereditaria de la persona bajo tutela. Así, por ejemplo, un tutor no podría vender un inmueble de su sección sin una autorización legal explícita.


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