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Los españoles aceptarían retrasar la edad de jubilación a cambio de un pago único, según el ministro Escrivá

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Jose Luis Escrivá

El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha visto forzado a comparecer este pasado jueves para explicar la reforma de las pensiones que planea, tras la polémica generada estas semanas sobre la polémica de ampliar el periodo de cómputo de las pensiones de 25 a 35 años y su posible efecto en las pensiones futuras. Lo ha hecho en un clima hostil en el que ha sido preguntado por todos los grupos parlamentarios sobre este asunto y ha vuelto a expresar su frustración por las “idas y venidas” de este tema. “Quizás no he tenido suficiente claridad al decir lo que estamos haciendo”.

Estamos analizando los periodos largos y volátiles de cotización y es posible que se tengan que ampliar, pero eso no tiene nada que ver con el recorte de las pensiones”, ha defendido. “Yo lo que les aseguro es que lo que les he presentado hoy aquí es consistente, no hay ningún intento de colar nada raro. Hay cálculos intermedios, pero no hay nada más“, ha expresado en tono de desesperación el ministro Escrivá ante la comisión específica en el Congreso.

Alargamiento de la vida laboral, una prioridad

El ministro ha explicado durante más de una hora los puntos detallados de la reforma sobre la que está trabajando el Gobierno basada en las recomendaciones del Pacto de Toledo y que se ha remitido a Bruselas. Como parte del primer bloque ha señalado que se incluirán medidas para alinear la edad efectiva y legal de jubilación, siguiendo la recomendación número 12. Escrivá ha agregado que se está trabajando con los agentes sociales en dos sentidos: la reforma de los incentivos a la jubilación demorada y la revisión del sistema de jubilación anticipada, cuyos coeficientes se comportan de un modo regresivo, “algo que queremos corregir”.Sobre el alargamiento de la vida laboral, el ministro ha apuntado que “las encuestas que hemos realizado muestran que los ciudadanos aceptarían retrasar la edad de jubilación a cambio de un pago único”, en vez de aumentar la nómina mes a mes como pasa con el cobro de la pensión de jubilación. La idea es mantener a los trabajadores en su puesto de trabajo hasta la edad mínima de acceso a cobrar la pensión contributiva legal.

A continuación el titular del Ministerio de Inclusión ha abordado otras cuestiones incluidas en el Pacto de Toledo y que formarán parte de un segundo bloque de reformas. Entre ellas, la cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos, siguiendo la recomendación 4. En este aspecto, ha especificado que “estamos trabajando en un sistema progresivo y flexible, en el que los trabajadores podrán elegir su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos esperadas y modificarla a lo largo del año”. Escrivá dice que 2,1 millones de autónomos cotizan por encima de sus ingresos reales.

Ajustarse a las lagunas de cotización de los mayores de 45 años

Siguiendo las recomendaciones 5, 11 y 17, el ministro ha explicado que “se realizará un análisis en profundidad para que el sistema de pensiones sea más justo y acorde a las diferentes trayectorias laborales”. Escrivá ha explicado que uno de nuestros objetivos debe ser “atender a la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”. Por ejemplo, en la actualidad cada vez es más frecuente que el colectivo mayor de 45 años transite al paro o a la inactividad, lo que hace que el sistema “sea injusto” con algunos trabajadores.Por ello, ha precisado que “la contributividad es identificada como uno de los pilares clave en el Pacto de Toledo” y, en el contexto actual de carreras menos lineales y con mayores interrupciones y cambios, “exige una perspectiva amplia de la trayectoria laboral”. No obstante, ha indicado que el análisis que se realizará también necesita tener en cuenta otros elementos, como la posibilidad de elegir años o la cobertura de posibles lagunas de cotización.

Replanteamiento de las bases máximas de cotización

Otra de las cuestiones que se estudiarán en el futuro- ha indicado Escrivá- es un replanteamiento de las bases máximas como instrumento para corregir la desigualdad”. El ministro ha explicado que la evidencia empírica demuestra “que la esperanza de vida de pensionistas de diferentes niveles de ingresos no es la misma”. Finalmente, ha anunciado la “sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional”, que no sería regresivo y que tendría en consideración otros indicadores al margen de la esperanza de vida”. Por otro lado, sobre pensiones ha afirmado que el mecanismo de revalorización permanente de las pensiones en el que se está trabajando en el marco del diálogo social estará basado en el IPC y deberá tener en cuenta los años con IPC negativo y positivo y ha resaltado que se prevé que los años de IPC negativo se compensen a futuro. También ha incidido en que “no se va a contemplar que las pensiones bajen ningún año”. “Se va a establecer un mecanismo compensatorio en una ventana hacia adelante“, ha añadido.

Otras medidas ya avanzadas

Escrivá ha recordado que la reforma se compone de “distintos elementos que avanzan a distinto ritmo”. De hecho, ha subrayado que algunas de las recomendaciones que se aprobaron en el Pacto de Toledo ya se han comenzado a implementar tras su aprobación en el Parlamento. Es el caso del traspaso de una gran parte de los gastos no contributivos del sistema, “lo que permite cumplir en gran medida la recomendación 1 del Pacto, referida a la consolidación de la separación de fuentes”.

Otra de las recomendaciones que se ha abordado parcialmente es la 17, referida al nuevo complemento para la reducción de la brecha de género, que sustituirá al actual complemento de maternidad, que será percibido por aquel progenitor que acredite un perjuicio en la carrera profesional tras el nacimiento del hijo o hijos. También ha explicado ante la Comisión que ya ha comenzado a abordarse la reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones, que contempla “la habilitación para crear un fondo de pensiones colectivo de promoción pública”, pendiente de desarrollo.

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